¿Por qué el aborto libre y seguro es una exigencia de la Justicia Social?

¿Cómo es un mundo más justo?

Aunque esa es una de las grandes preguntas de la humanidad, no queremos ponernos muy filosóficas al respecto. Para nosotras, un mundo más justo es aquel donde se distribuyen de forma equitativa los beneficios, las responsabilidades y los posibles daños. Se trata de asegurar que todas las personas tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas. Eso es, en pocas palabras, la Justicia Social.

Por necesidades básicas nos referimos a aquellas sin las cuáles no podríamos vivir ni llevar a cabo nuestros planes de vida, como la alimentación, el agua, la vivienda, salud integral, entre otras.

Lamentablemente (y no queríamos agüitarnos tan pronto) nada de este listado está garantizado en nuestros contextos actuales y, de hecho, hay un montón de movimientos sociales que están trabajando para que todas las personas tengamos acceso a éstas. Y sí, el acceso al aborto como parte del derecho a la salud forma parte de estos luchas.

20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social

Hoy celebramos y reconocemos la importancia de la Justicia Social porque, hasta el momento, su existencia es más un anhelo que una realidad. La igualdad no es suficiente para que las personas podamos satisfacer nuestras necesidades básicas porque, en la práctica, no todes partimos de los mismos contextos. La igualdad, por sí misma, no es suficiente para equilibrar las condiciones de quienes se encuentran más vulnerables, esto hace que los derechos humanos no se ejerzan de la misma forma.

Sin embargo, hay muchos esfuerzos personales, colectivos y gubernamentales para impulsar la Justicia Social, los cuales no han resultado únicamente en revoluciones, proyectos radicales o narrativas utópicas, sino en cosas tan elementales como el artículo 4to de la Constitución Mexicana [1], que menciona dos derechos fundamentales para quienes luchamos por el aborto libre y seguro: la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley (aunque sabemos que el reconocimiento de la identidad de muchas personas queda fuera de este binarismo), así como el derecho que toda persona tiene a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijxs.

Si leyeron hasta aquí, ya saben hacia dónde nos dirigimos, ¿cierto? (guiño, guiño) Para que las personas que podemos embarazarnos gocemos plenamente de nuestros derechos y tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas es indispensable que contemos con todas las condiciones y opciones posibles para poder decidir si queremos o no reproducirnos.

Lxs acompañantes, los fondos y lxs activistas abortistas lo hemos dicho desde hace mucho tiempo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha retomado para las sentencias donde se ha pronunciado a favor del aborto: el acceso a aborto es un asunto de Justicia Social porque, cuando abortamos, lo hacemos en diversos contextos que posibilitan o impiden que sean abortos seguros y cálidos. Es fundamental reconocer las distintas desigualdades que atraviesan la vida de las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar dentro de la sociedad.

Pensar en la justicia legal nos queda corto para que nuestros derechos y necesidades básicas sean reales. Sí, es importante que existan mecanismos y documentos que obliguen a los Estados a garantizarlos, pero todo esto sigue sin ser suficiente si en la práctica existen situaciones de desigualdad económica y social que las leyes por sí solas no resuelven.

En el caso del aborto, las despenalizaciones y legalizaciones no bastan para que una persona pueda interrumpir su embarazo. Tan solo veamos lo que ocurre en Estados Unidos, donde fue legal abortar desde 1976 (gracias a la sentencia Roe vs. Wade) hasta 2022. A pesar de contar con esa legalidad, el Movimiento por la Justicia Sexual y Reproductiva surge para evidenciar que las mujeres y personas gestantes racializadas y marginalizadas no podían acceder a servicios e información de la misma forma que una mujer blanca y privilegiada, debido a otras violencias estructurales, como el racismo, que imponen barreras adicionales para tener un trabajo digno, servicios de salud y de atención a la violencia de género.

Es en este marco que surgen los fondos de aborto como una respuesta colectiva que moviliza recursos para hacer frente a la desigualdad social que impide que abortemos de forma cálida, segura y acompañada. El trabajo que hacemos como fondo de aborto se enmarca desde la Justicia Social, entendiendo que quienes abortamos debemos sortear otras barreras además de las legales para tener un acceso real a nuestros derechos.

[1] Aborda varios de los derechos necesarios para tener una vida digna, que son exigencias de los movimientos de Justicia Social: nutrición, salud, vivienda, movilidad, niñez, pensiones, entre otras.