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Prensa

El terremoto del 19 de septiembre de 2017, ha mostrado nuestra fuerza solidaria frente al dolor de quienes han
perdido a sus familias, personas queridas, su patrimonio, su vivienda, su trabajo, su proyecto de vida. Ahí
estuvimos miles de personas volcadas: haciendo acopio, levantando piedras, apoyando albergues,
coordinando acciones.

La solidaridad se acompañó de la indignación ciudadana frente a los procesos de corrupción que han
permitido a las inmobiliarias estar por encima de la ley. Las autoridades a todos los niveles deben dejar de
privilegiar la dinámica perversa que prioriza la circulación de bienes y capitales incluso a costa de la
seguridad y la dignidad de las personas, porque la corrupción mata a quienes históricamente están en
desventaja. No se debe perpetuar la impunidad de los responsables en memoria de las víctimas.

El número de mujeres muertas por el terremoto casi duplicó el de hombres, según las últimas cifras que ha
aportado el Gobierno de la Ciudad de México, de 217 personas fallecidas en la capital, 82 son varones,
mientras que 135 son mujeres. En muchas de las viviendas que colapsaron, estaban las mujeres a cargo de las
tareas del hogar y el cuidado -remuneradas o no-.

Por todo esto y para garantizar el éxito en los procesos de reconstrucción en la Ciudad de México y otras
comunidades afectadas del país, ésta debe incorporar un enfoque de género y de derechos humanos, que
ubique a las mujeres como actoras centrales y como ciudadanas sujetas de derechos.
Todos los actores gubernamentales, privados y de la sociedad civil involucrados en estos procesos deben
garantizar lo siguiente:

• Prioridad en la atención a las víctimas directas. Todos los esfuerzos de ayuda post desastre y
reconstrucción deben dirigirse en primera instancia a las víctimas directas, muchas de las cuales son
mujeres, y sus familias. Debe darse particular atención a inquilinas y trabajadoras afectadas por los
sismos. No pueden implementarse programas de reconstrucción que no las consideren y se diseñen a
partir de sus necesidades específicas y su diversidad (étnica, etaria, cultural, urbano/rural, de salud,
etc.). Integrar esta perspectiva es vital para su efectividad y sostenibilidad en el largo plazo.

• Seguridad en albergues y campamentos de personas damnificadas: Se ha demostrado que en las
etapas post-desastre hay una tendencia al aumento de la incidencia de violencia contra mujeres y
niñas y niños. La infraestructura de albergues u otras facilidades debe ser apropiada a sus
necesidades, incluyendo por ejemplo iluminación adecuada, baños separados para mujeres y
hombres, silbatos para solicitar ayuda. Las políticas de prevención y tratamiento de todas las formas
de violencia contra las mujeres y las niñas deben llegar a todos los espacios en dónde quienes se
quedaron sin hogar están refugiadas. También se deben garantizar ahí los servicios de salud integral,
los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población, asegurando apoyo a mujeres
embarazadas, lactantes, acceso a preservativos, a anticoncepción de emergencia y a servicios de ILE.

• Ayuda eficaz, oportuna y sensible: Los programas implementados no deben reforzar roles
tradicionales de género y deben asegurar el acceso a bienes y servicios que fortalezcan la autonomía
económica de las mujeres, el acceso a programas de empleo o de reactivación económica de las
comunidades. El acceso a la reconstrucción y adquisición de vivienda será una oportunidad para
acortar la brecha de propiedad y titulación que tienen las mujeres frente a los hombres. El Instituto
de las Mujeres de la Ciudad de México debe estar incluido y participar en las acciones sustantivas
del gobierno para asegurar que se transversalice el enfoque de género en TODO el proceso.

• Prioridad de atención a mujeres jefas de familia y con cargas familiares de cuidado (hijos, hijas,
personas enfermas y mayores). Muchas jefas de hogar perdieron sus fuentes de empleo, sus
viviendas y sus redes de apoyo. Es vital garantizar que ellas tengan acceso servicios seguros y
accesibles de cuidado para hijas, hijos y personas mayores y/o enfermas. La reconstrucción debe
garantizar su movilidad, la cercanía a su comunidad y su red de apoyo, así como a la escuela y
espacios educativos de sus hijos e hijas.

• Participación significativa de las mujeres en todos los niveles: las mujeres deben ser vistas como
sujetas activas en todo el proceso de reconstrucción, su participación debe ser asegurada desde el
nivel comunitario, hasta los niveles de toma de decisión, asegurando que se incluyan sus aportes en
el diseño de todas las políticas públicas y en la definición de los programas. La reconstrucción no
sólo debe reponer edificaciones habitacionales, infraestructuras urbanas y de equipamiento, medios
de producción y empleos, sino también fortalecer procesos democráticos de participación ciudadana
comunitaria en la toma de decisiones.

• Transparencia y Rendición de cuentas: en el manejo de recursos financieros, tanto públicos como
de la ayuda nacional e internacional, con canalización de donaciones con enfoque de género y hacia
los sectores más afectados, a los de menores ingresos, para que permita a las víctimas reponerse. Los
centros de acopio y acciones de abasto y ayuda NO deben ser sometidos a la politización. La entrega
de despensas y apoyos no debe condicionarse.

• Acceso a información para las personas y comunidades afectadas: la información debe ser
oportuna en tiempo y forma, pues ello garantiza la dignidad de las personas e impide prolongar de
forma innecesaria el sufrimiento.

• Credibilidad y confianza en las instancias para la Reconstrucción: La recién creada Comisión
para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada
vez más resiliente, debe ser integrada por un Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos
Independientes, con calidad moral y destreza técnica probadas, para aportar conocimientos
especializados y apoyar la fiscalización y rendición de cuentas de todos los actores en el proceso de
reconstrucción.

• Seguridad y protección de las defensoras ciudadanas y voluntarias que se movilizan para
responder a la emergencia y apoyar los procesos de reconstrucción, desde distintos roles, en los
distintos espacios donde se desempeñan: albergues, transporte de ayuda en carreteras, centros de
acopio, etc.
• Generar información y datos desagregados por sexo y edad, en todas las tareas relacionadas con
el análisis del desastre y los procesos de reconstrucción y atención post sismos. Los atlas y mapas de
riesgo deben tener también componentes desagregados por sexo, edad, pertenencia étnica,
orientación sexual e identidad de género, y todas las condiciones de identidad humana pertinentes y
relevantes para determinar vulnerabilidades y capacidades específicas.

Las mujeres hemos construido y reconstruido nuestras comunidades en colectivo después de los temblores y
otros desastres históricos que hemos vivido en nuestro país. Nos encontramos en las calles, las plazas, las
redes sociales, nos miramos, nos tocamos, nos vinculamos y seguimos apostando -con millones de personas- a
ser el país solidario, amoroso y ciudadano que soñamos.

Hacemos un llamado a toda la población de nuestro país, en particular de las comunidades afectadas, para
apoyar estas demandas y trabajar unidas y unidos por un proceso de reconstrucción que asegure la dignidad y
derechos de las personas, en particular de las víctimas directas, la resiliencia de nuestras comunidades y que
no profundice la desigualdad y brechas que ya existen.